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domingo, 13 de diciembre de 2009

NOTA SOBRE LA SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE 9 PARQUES EÓLICOS EN SEGOVIA, A LO LARGO DEL CORREDOR DE LA N-110, FALDA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA, FUTURO PARQUE NACIONAL


En el B.O.C.yL. del 26 de agosto 2009, se publicaban nueve anuncios de “información pública” (expedientes PE-29/30/31/32/33//34/35/36 y 37) relativos a la solicitud de autorización administrativa para la instalación de sendos parques eólicos y para la presentación de proyectos en competencia.

Cada uno de los 9 parques consta de 25 aerogeneradores de 2.000 kW de potencia cada uno, con unas dimensiones de unos 60-100 m de altura de torre del rotor y un diámetro de palas de unos 80-90 m, lo que supone una altura máxima desde el suelo hasta la punta de la pala de hasta 150 m. La potencia total instalada sería de 450 MW, equivalente a un grupo de máxima potencia de una central térmica moderna, siendo necesarias instalaciones accesorias a los parques como son centros de transformación, tendidos eléctricos, además de pistas de acceso a cada uno de los aerogeneradores.

La situación de los parques solicitados es, desde el punto de vista ambiental, EXTREMADAMENTE SENSIBLE. Los emplazamientos de los parques cuya autorización se solicita se encuentran a lo largo de la falda de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el corredor de la carretera N-110, desde los alrededores de Segovia en el Espirdo hasta las cercanías de Prádena.

Fuente: Asociación ecologísta CENTAUREA (http://www.centaurea-ae.org/)

Se trata de un territorio de una calidad ambiental y paisajística excepcional, sobre cuyos valores se han ido estableciendo diversas figuras de protección (Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Interés Comunitario, ambas integrantes de la Red Natura 2000, áreas de singular valor ecológico, paisajes valiosos, lugares de interés natural), que han desembocado en la elaboración por parte de la Junta de Castilla y León del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de lo que será el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en coordinación con la Comunidad de Madrid.

1. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

En primer lugar, en relación con la tramitación administrativa de la autorización, el Decreto 189/1997 por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica establece en su artículo 5º, apartado 3, que “los proyectos de instalaciones de aerogeneradores o parques eólicos se someterán al procedimiento de evaluación ambiental cuando así lo establezca la normativa vigente”.

Si bien la legislación autonómica sobre evaluación ambiental, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y las modificaciones posteriores (Ley 3/2005, Decreto 70/2008 y Ley 1/2009), no recoge en sus anexos los parques eólicos como proyectos a someter a evaluación de impacto ambiental, ni tampoco lo hace la legislación estatal desarrollada en la citada normativa autonómica, en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se recoge:

- En el anexo I, de los proyectos públicos o privados que deberán someterse EN TODO CASO a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley (Artículo 3, apartado 1), aparece:

• Grupo 3. Industria energética, i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.

• Grupo 9, Otros proyectos, b) los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en el anexo I que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar: 9) Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores.

- En el anexo II, de los proyectos públicos o privados que deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley, CUANDO ASÍ LO DECIDA EL ÓRGANO AMBIENTAL en cada caso (Artículo 3, apartado 2.a), aparece: Grupo 4, Industria energética, h) Parques eólicos no incluidos en el anexo I.

- Además, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 (Artículo 3, apartado 2.b).

Por otro lado, se añade como nota al final de ambos anexos la siguiente aclaración: “Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados”.

El Real Decreto Legislativo 1/2008 (disposición final primera) tiene carácter de legislación básica de protección del medio ambiente al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, por lo que es de aplicación en el presente caso.

Así pues, parece evidente que ya sea considerando una sola actuación de 9 parques eólicos o considerados individualmente, el proyecto DEBE someterse al procedimiento de evaluación ambiental, ya que hay una afección directa sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre especies de las Directivas 92/43/CEE “hábitats” y 79/409/CEE “aves”; y, en cualquier caso, así lo debiera considerar por el más elemental principio de precaución el órgano ambiental del procedimiento, en este caso la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en virtud de lo establecido en el Artículo 4, apartado 2, del RDL 1/2008.

En virtud del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2008 y del artículo 31 de la Ley 30/1992 de de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cabe solicitar al órgano sustantivo, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Segovia, la consideración de parte interesada, en tanto que “aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.

Por último, cabe recordar las precauciones y garantías que establece la legislación comunitaria sobre Red Natura 2000, Directivas 92/43/CEE “hábitats” y 79/409/CEE “aves” y sus modificaciones y ampliaciones posteriores, integradas en el ordenamiento jurídico del estado español por la recientemente promulgada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece en su artículo 45, sobre medidas de conservación en la Red Natura 2000:

2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.

3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:

a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.

b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.

c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.

La existencia tanto de espacios de Red Natura, directa o indirectamente afectados por los parques eólicos solicitados, como de especies (singularmente el águila imperial ibérica), hace que este artículo sea de aplicación en este caso.

2. SINGULARIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO QUE RESULTARÍA AFECTADO

Aparte de las consideraciones de singularidad ambiental recogidas en la legislación de ordenación territorial y en el P.O.R.N. del futuro Parque Natural y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, lo más destacable, desde el punto de vista de la vulnerabilidad ante las actuaciones previstas (parques eólicos de aerogeneradores de 2MW y hasta 150 m de altura), son determinadas especies de avifauna y de quirópteros.

La Z.E.P.A. y el L.I.C. de la Sierra de Guadarrama fueron propuestos, entre otros valores, como se detalla en el formulario oficial del espacio, por la importancia de esta zona para varias especies de aves rapaces, singularmente el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), endemismo ibérico, y especie en peligro de extinción, tal como recoge el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Además del águila imperial, con 5 parejas en la zona, de importancia a nivel regional (supone el 33% de la población total castellano-leonesa), otras especies de aves amenazadas presentes en la zona son el buitre negro (Aegypius monachus), con 51 parejas, con importancia a nivel regional (supone el 24% de la población total nidificante en Castilla y León), el milano real (Milvus milvus), con 37 parejas en 1999, especie en progresivo declive, el alimoche (Neophron percnopterus), etc.

Además de las aves, en el formulario oficial del espacio se detalla la presencia de varias especies de quirópteros, también incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, concretamente: Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersi, Myotis emarginata, Myotis bechsteini y Myotis myotis.

La designación del espacio como integrante de la Red Natura 2000 ha sido aprobada por la Decisión 2009-95-CE del Consejo, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

De acuerdo con la cartografía básica del P.O.R.N. del P.N. de la Sierra de Guadarrama, los parques eólicos para los que se ha solicitado autorización se encuentran en una zona de especial importancia para el águila imperial, algunos de ellos dentro y otros en las inmediaciones y entre ZONAS CRÍTICAS para la especie, ya sea por nidificación o por tratarse de zonas de dispersión juvenil, caza y campeo:





En el Decreto 114/2003, de 2 de octubre (B.O.C. y L. nº 195, 8 de octubre de 2003) por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León, además de establecer las zonas críticas, establece las áreas sensibles y la zona de influencia del Plan de Recuperación, en el interior de la cual se pretenden instalar los parques eólicos:


De acuerdo con el contenido del Plan de Recuperación, uno de los objetivos es disminuir la mortalidad no natural de la especie, para lo que la Junta de Castilla y León se impone una serie de acciones prioritarias, entre ellas la PROHIBICIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN ÁREAS CRÍTICAS:

Está documentado que los parque eólicos suponen una seria amenaza por muerte directa por colisión para grandes aves rapaces, aunque también son causa de gran cantidad de muertes de todo tipo de aves y murciélagos.

Así pues, la ubicación de una serie de parques eólicos, en sucesivas barreras de alineaciones de aerogeneradores de hasta 150 m de altura y hasta 90 m de envergadura, en el interior de zonas críticas para el águila imperial o en las zonas situadas entre ellas, todos dentro de la zona de presencia de la especie y de la zona de influencia del Plan de Recuperación, supone una amenaza y un EVIDENTE RIESGO DE MUERTE DIRECTA DE EJEMPLARES.

3. CONCLUSIONES

- Alguno de los parques eólicos solicitados se encuentran en el interior de zonas críticas para el águila imperial ibérica, por lo que, de acuerdo con las acciones prioritarias del Plan de Recuperación de la especie (Decreto 114/2003), no deben ser autorizados, y ni tan siquiera debieran haber sido admitidos a tramitación.

- Dada la importancia para diversas especies de aves y quirópteros de la zona en la que se proponen los parques eólicos, tanto las zonas incluidas en los diversos espacios protegidos, como en sus inmediaciones, el propio órgano sustantivo debiera, por el más elemental principio de precaución, desestimar la tramitación de los mismos.

- De acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la administración competente en materia de medio ambiente, en este caso la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, deberán evitar las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de los espacios de Red Natura 2000, por lo que deberían informar desfavorablemente en el procedimiento administrativo de autorización de los parques eólicos solicitados.

- Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007 y en el Real Decreto Legislativo 1/2008 del texto refundido de evaluación de impacto ambiental, en el caso de que el procedimiento de autorización continúe, la administración competente en materia de medio ambiente deberá exigir el trámite de evaluación ambiental del proyecto, en el que se deberá demostrar la inviabilidad de soluciones alternativas y en el que se deberá analizar si las actuaciones proyectadas afectan a los valores por los que se han designado los espacios de red Natura 2000.

- En el procedimiento de evaluación ambiental deberá quedar demostrado que no se producen afecciones sobre los valores por los que se han designado los espacios de red Natura 2000, o en caso contrario, no se podrán autorizar los proyectos, habida cuenta que no concurren razones imperiosas de interés público de primer orden. Asimismo, deberá consultarse a la Comisión Europea.

- El procedimiento de evaluación deberá someterse al trámite de información pública, y además, cabe solicitar al órgano sustantivo, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en Segovia, la consideración de parte interesada.

Miguel Pérez-Galdós Enríquez de Salamanca

Alcobendas, 8 de diciembre de 2009