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martes, 27 de abril de 2010

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre Las Navas del Marqués

COMUNICADO DE PRENSA


18 de abril de 2010

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre Las Navas del Marqués

PIDEN A LA JUNTA

UN CAMBIO RADICAL EN SU POLÍTICA URBANÍSTICA

La Junta de Castilla y León debe asumir que no se puede urbanizar

en zonas con protecciones medioambientales o altos valores ecológicos

y que debe respetar íntegramente la Red Natura 2000

Tras el varapalo judicial que ha supuesto para la Junta de Castilla y León la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marques, Centaurea y Comisiones Obreras se han dirigido por escrito al Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para pedirle un cambio radical en la política urbanística de su Gobierno, de manera que éste haga prevalecer, tal y como exige la Ley, la protección del medio ambiente frente a los intereses urbanísticos.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo desestima íntegramente y de forma rotunda los recursos de casación presentados por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la mercantil Residencial Aguas Nuevas S.L., promotora de la macro urbanización “Ciudad del Golf”, contra la sentencia de septiembre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que anulaba, por no ser conformes a derecho, todas las actuaciones que permitieron reclasificar como “suelo urbanizable delimitado” el Sector SUZD-4 “Ciudad del Golf”, que cuenta con varias figuras de protección ambiental.

El Tribunal Supremo, que incluso destaca abiertamente la inconsistencia de varios de los argumentos en los que se basan los recursos de casación citados, avala así por completo con su sentencia la referida del TSJ CyL (la cual deviene ya en sentencia firme e inapelable) y además sienta jurisprudencia.

Desde el punto de vista de la protección, ese Sector está incluido dentro de los límites territoriales de la ZEPA denominada "Encinares de los Ríos Alberche y Cofio", propuesta como LIC “Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio"; dentro de la Zona de Importancia declarada para la cigüeña negra. Las especies por las que se ha incluido dicha finca en mencionadas zonas de protección son el águila imperial ibérica y la cigüeña negra, ambas en peligro de extinción. Además de lo anterior el citado Sector comprende 11,60 Ha, incluidas en el Monte de Utilidad Pública núm. 78 "El Alijar", monte a su vez incluido dentro del Área Crítica de Cigüeña Negra núm. 5 de la provincia de Ávila.

Comisiones Obreras y Centaurea consideran que lo más relevante de la sentencia del Tribunal Supremo es la jurisprudencia que sienta sobre el artículo 9.1º y 2º de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del Suelo y Valoraciones, que dice que, cuando un terreno está sometido a normas especiales de protección [por pertenecer a la Red Natura 2000 de la Unión Europea, por ser Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y/o Lugar de Interés Comunitario (LIC), o por ser Área Critica, o formar parte de la Red de Espacios Naturales (REN), etc.]; o cuando, sin estarlo, concurren valores ambientales con el grado de intensidad necesario, es obligado para la Administración la declaración del suelo como no urbanizable. Además, insiste el Tribunal Supremo, la legislación y la jurisprudencia dejan claro que, en estos casos, no hay margen de discrecionalidad para no hacerlo.

En el caso de la “Ciudad del Golf”, no obstante los altos valores ambientales y los grados de protección que ya poseía el Sector SUZD-4, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Junta de Castilla y León, mediante la elaboración de unas nuevas Normas Subsidiarias de Planeamiento calificaron este Sector como urbanizable, y eso fue el motivo de que el TSJ CyL declarara su nulidad y que ahora el Tribunal Supremo la confirme.

En su sentencia, el TS hace uso de la jurisprudencia al respecto, citando otras sentencias relacionadas, en las que se dice claramente que la clasificación de un suelo como “no urbanizable protegido” es: << (…) tal clasificación es obligada, reglada, tanto si el suelo de que se trata está incluido en el ámbito de aplicación de normas o legislación específica que lo sometan a un régimen de protección incompatible con su transformación urbanística, como si, pese a no estarlo, concurren en él, y con el grado de intensidad requerido, los valores [paisajísticos, u otros como los históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales] a los que sucesivamente se han ido refiriendo aquellos artículos>> (STS de 27 de febrero de 2007, recurso de casación 3865/2003).

“La Junta de Castilla y León debe aplicar esta sentencia a rajatabla y dar marcha atrás en toda una serie de proyectos urbanísticos que están violando la legislación, al no asumir que el planeamiento ambiental debe primar y prevalecer sobre el planeamiento urbanístico, como determina la Ley”, ha declarado Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.

Para Comisiones Obreras y Centaurea, esta sentencia reafirma el proceso penal ya en curso por el mismo motivo, y a través del cual estas organizaciones, junto a WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción de Castilla y León, buscan que se depuren responsabilidades. En noviembre de 2006, el análisis realizado por estas organizaciones, entre otras, de los acontecimientos administrativos que forzaron la aprobación de la citada “Ciudad del Golf” en una zona medioambientalmente protegida, mostraba que este proceso había ofrecido una amplia variedad de conductas que presentan indicios suficientes para impulsar la redacción de una denuncia penal. Se consideró que podrían haberse cometido acciones constitutivas de una pluralidad de delitos: contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, contra la protección de la fauna, o malversación de caudales públicos, lo que dio pie a la vía penal ahora en curso.

“Como se deduce de la documentación disponible, la decisión de ejecutar la Ciudad del Golf se tomó con carácter previo a cualquier tipo de adecuación y encaje en las normas ambientales y urbanísticas; es decir, de forma autónoma y en la idea de que tenía que llevarse a término con independencia de cualquier otro condicionante”, ha declarado Carlos Tomás Rodriguez, responsable de medio ambiente de Comisiones Obreras de Avila.

FIN DE COMUNICADO

Para más información, llamar a: Carlos Bravo (Centaurea, 616 921 669) y a Carlos Tomás Rodríguez (Unión Sindical de CC.OO. de Ávila, (670 755 952).

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